Glosario en materia Anticorrupción

“Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.” ¹

Servidor público que intervenga en asuntos en los que tenga un interés privado. 

Abuso de funciones: Servidor público que se extralimite en sus funciones para generar un beneficio adicional.

Esto puede suceder en los casos donde ilícitamente se otorgan concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o deducciones sobre ingresos fiscales; ilícitamente se contrata deuda o colocan fondos y valores con recursos públicos, se dan o se reciben mordidas, o se utilizan funciones para amenazar. 

 Tiene lugar cuando un dirigente, un superior o una autoridad se aprovecha de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.

Esto sucede en casos donde se utilizan corporaciones de la fuerza pública para impedir la ejecución de la ley, una resolución judicial o el cobro de impuestos; se retrasa o niega un servicio a un particular cuando se tiene la obligación de otorgarlo; se obtiene o solicita sin derecho o causa legítima parte del sueldo o remuneración de sus subalternos; y en la coalición de servidores públicos para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento.

Obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones de su labor como servidor público.

Solicitar o recibir ilícitamente cualquier beneficio para hacer o dejar de hacer un acto propio de su función. Esto puede incluir intercambio de favores durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos.

Cuando un individuo, o un grupo, se pone de acuerdo con otros individuos para celebrar contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto sea obtener beneficios o ventajas indebidos

Cuando la corrupción se planea al más alto nivel

Autorizar la contratación de alguien que está inhabilitado o impedido de realizar esa función.

Aunque no existe en sí un delito de desacato judicial, el delito de desobediencia civil sucede cuando un subordinado no sigue un mandato legítimo de autoridad de un superior, o en el caso de que un particular, empresa o servidor público no cumpla una orden establecida por un juez a causa de algún amparo. Es decir, cuando un servidor, empresa o individuo no cumplen una orden establecida por alguna autoridad judicial pueden ser acusados de no respetar la autoridad a pesar de que el juez no haya agotado sus facultades para hacer cumplir la orden.

Para desacato, la definición es retrasar, obstruir o mentir en las investigaciones de la autoridad fiscalizadora o la autoridad judicial.

Es cuando un funcionario público toma recursos del erario para beneficio personal.

Desviar recursos públicos para un destino distinto del que estaban previstos según la ley o norma.

Es un conjunto de delitos dirigidos a la forma de actuar de los servidores públicos. El delito puede suceder cuando un servidor ejerza funciones que no tiene legalmente, abuse de su autoridad, intente impedir o suspender las funciones públicas; utilice su poder para otorgar concesiones o utilizar recursos públicos en ventaja personal; aproveche su poder para intimidar o traficar influencias o para obtener favores o dinero indebidamente; distraiga objetos, dinero o propiedades públicas en su favor; o cuando el servidor no pudiere acreditar un incremento en su patrimonio encima de lo que pueda acreditar legalmente.

En pocas palabras, es un conjunto de delitos dirigidos a castigar los abusos de los servidores públicos en cuanto usen su poder para beneficio personal ilegítimamente, ya sea para enriquecerse, obtener favores e influencias, impedir funciones públicas o intimidar para obtener una posición favorable.

Es una compañía que simula operaciones, no tiene activos reales y se crean a partir de fachadas corporativas para ser utilizadas por los políticos y gobiernos con el objetivo de desviar recursos públicos. Generalmente son contratadas para realizar tareas o proveer bienes y servicios inexistentes.

Técnicamente, las empresas fantasma no son empresas y no son fantasma. Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias. Sus facturas no son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción. No generan empleos ni riqueza. En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios. Sus operaciones son inexistentes, por lo que los CFDI emitidos en la plataforma del SAT son ilegales. Por ello, a esas empresas se les sigue calificando como fantasma. 

Cuando el servidor no pudiere demostrar un incremento en su patrimonio encima de lo que pueda acreditar legalmente. 

Es cuando un servidor esconde o miente sobre propiedades, negocios o intereses privados, limitando la posibilidad de vigilarlo.

El financiamiento ilegal o financiamiento ilícito electoral sucede cuando los partidos reciben o gastan una cantidad mayor a la aprobada del tope legal de financiamiento privado o cuando reciben aportaciones o donativos en dinero o en especie de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles o mercantiles; al igual que personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, o personas no identificadas.

Delito que comete quien, engañando a uno o aprovechándose del error de alguien, se hace ilícitamente de algún beneficio o alcanza un lucro indebido (Código Penal Federal, art. 386). Los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben contar con canales eficaces de notificación interna y mecanismos de seguimiento para detectar el fraude, la corrupción y la mala gestión en el seno de una organización

Se trata de la inmunidad judicial de la que gozan ciertos funcionarios públicos como senadores, diputados, gobernadores o el presidente, y que los exime de ser detenidos o presos. Esto, en muchas ocasiones, les da garantía de actuación ilícita porque se saben conscientes de la protección por parte de las autoridades.

Es aquel que por disposición de la ley, elección popular o por nombramiento de alguna autoridad ocupa algún grado superior de la estructura del gobierno para administrar en base a su decisión y mando o para representar a los ciudadanos.

Es el conjunto de “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”9 de corrupción

Proceso de ocultar el origen, la propiedad o el destino del dinero obtenido de manera ilegal o deshonesta en actividades económicas legítimas para hacerlo parecer legal. Las políticas específicas para prevenirlo deben establecer acciones o requisitos necesarios para asegurarse, en la medida de lo posible, que los recursos recibidos de algún tercero no son de procedencia ilícita. Estas acciones ayudan a proteger a la empresa en caso de necesitar explicar alguna transacción ante las autoridades

Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción. Para llegar a este documento, debe ejecutarse cada una de las fases contempladas en la: “Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción”.

Se trata de una forma de favoritismo, basada en vínculos sociales y familiares, en la que una persona que ocupa un cargo oficial aprovecha su poder y autoridad para conceder un empleo o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no sea la persona más preparada para dicho cargo o tarea.

Se da cuando un servidor público trata de evitar que un acto ilícito se denuncie, se investigue o se sancione

Peculado es robar y el desvío de recursos es utilizar los recursos públicos para un fin privado y distinto de su objetivo inicial.

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Cuando un servidor público recibe un beneficio extra (e ilegal) por hacer o dejar de hacer algo que era su responsabilidad. Quien lo entrega es igualmente responsable

Cuando un servidor público usa su poder para propiciar que algún asunto tome una ruta determinada, en beneficio de él o de un tercero

Utilización de información privilegiada para incrementar su patrimonio

Sucede cuando una persona se apropia, hace uso indebido o desvía del objetivo para el que estén previstos los recursos públicos.

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